En relación con su pregunta, efectivamente, la disposición adicional primera de la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia contempla que “en el plazo de tres meses desde la publicación de esta ley, el Consejo de Gobierno impulsará la tramitación de un proyecto de ley que desarrolle los aspectos relativos al buen gobierno derivados de la legislación básica estatal y regule el régimen de los altos cargos al servicio de la Administración pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y asimilados a los mismos”.

En este sentido tal mandato se cumplió, pues el Consejo de Gobierno, en su sesión de fecha 12 de diciembre de 2014 tomó conocimiento del Anteproyecto de Ley del Buen Gobierno y del Estatuto del Cargo Público, siendo el mismo sometido a consulta de las Consejerías, del Consejo Regional de la Función Pública, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas y siendo posteriormente remitido para su dictamen al Consejo Económico y Social de la Región de Murcia (informe de fecha 17 de febrero de 2015) y al Consejo Jurídico de la Región de Murcia (dictamen nº 56/2015).

Como consecuencia de la citada tramitación el Consejo de Gobierno aprobó en su sesión de 5 de marzo de 2015, el Proyecto de ley del buen gobierno y del estatuto del alto cargo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, remitiendo el mismo a la Asamblea Regional para su aprobación. Se adjunta enlace al texto publicado en el Boletín de la Asamblea Regional.

http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.08/150310.171.pdf

No obstante lo anterior, como consecuencia de la expiración del mandato de la Asamblea el citado texto decayó, de acuerdo con lo previsto en el artículo 211 del Reglamento de la Asamblea Regional, que establece que “Disuelta la Asamblea Regional en el supuesto previsto en el artículo 27.3 del Estatuto de Autonomía o expirado su mandato, quedarán caducados todos los asuntos pendientes de examen y resolución por la misma, excepto aquellos de los que tenga que conocer la Diputación Permanente y aquellos escritos de petición cuya tramitación no hubiere concluido.”

Sin perjuicio de lo anterior, el Consejo de Gobierno ha incluido en su calendario legislativo la aprobación de un nuevo texto legislativo en materia del estatuto del cargo público.

De la misma forma, en la reciente modificación de la Ley de Transparencia de la CARM se ha introducido un nuevo Título VI destinado a regular el Buen Gobierno en la CARM y en el que se establece, entre otras, la regulación destinada a los principios éticos y de actuación de los altos cargos, su régimen de conflicto de intereses, la situación de los imputados por delitos de corrupción, Publicidad de retribuciones, actividades, bienes, derechos e intereses o el gobierno en funciones.