La norma pretende:

1º. Atenuar los criterios de inscripción registral de las Organizaciones de personas Consumidoras y Usuarias para que organizaciones u asociaciones que, con la antigua normativa no tenían acceso a la consideración de “más representativas”, al mismo tiempo que se les exige como contrapartida la acreditación de criterios de inclusión que hasta ahora no se tenían en cuenta, como las actividades realizadas en materia de consumo.
2º. Reforzar la acreditación de los criterios de inclusión en las distintas secciones del Registro, sobre todo, los criterios que dan lugar a la consideración de organización más representativa.
3º. Dar voz a todas las organizaciones de personas consumidoras, inscritas en el Registro autonómico, con independencia de la representación que ostenten, para que puedan manifestar y proponer acuerdos comunes y propuestas en materia de consumo.