El marco normativo que regula la autorización de apertura y funcionamiento de los locales específicos de apuestas, salones de juego o salas de bingo debe, en todo caso, adecuarse a su dimensión e impacto económico y social, de forma que se garantice una ordenada organización y comercialización de la actividad del juego.

Esta regulación debe estar orientada a conciliar, por una parte, los objetivos fundamentales de la misma, como son la protección de menores, así como de la salud y el orden públicos y, por otra, el fomento de un entorno que proporcione una adecuada oferta de juego para el consumidor, permitiendo el desarrollo de la actividad con arreglo a criterios de racionalidad económica y con una industria en continua innovación.

Esta conciliación requiere de una revisión periódica del marco normativo aplicable, para analizar su posible modificación, con base a los principios de necesidad y proporcionalidad, en cuanto al establecimiento de restricciones a la actividad económica, centrándose en este caso en aquellos grupos especialmente sensibles de usuarios que requieren una especial tutela o protección.