El Decreto que se pretende aprobar tiene como objetivos:

a) La actualización de la regulación del Consejo Asesor Regional de Consumo, llevada a cabo por Decreto Regional 1/1995, de 20 de enero, (BORM nº 24 de 30 de enero de 1995), para adaptarlo a la tramitación dada a los órganos colegiados en la nueva Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Regimen Jurídico del Sector Público.

b) Adaptación de la regulación y funcionamiento del Consejo Asesor Regional de Consumo a la realidad y normativa actual, de tal forma que se produzca una protección y defensa de los intereses de las personas consumidoras y usuarias, con carácter general más eficaz.

c) Reforzar el papel de las organizaciones de personas consumidoras más representativas en el Consejo, ampliando el número de organizaciones participantes y regulando los requisitos para ser consideradas más representativas.

d) Se hace necesario, en aras de la consecución del principio constitucional de seguridad jurídica y del más moderno, pero no menos importante principio de transparencia, aumentar el grado de exigencia a la hora de acreditar los requisitos exigidos a las organizaciones de personas consumidoras para ser consideradas como más representativas y ser miembros del Consejo Asesor Regional de Consumo.

e) La Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobada mediante Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, introduce un nuevo catálogo de derechos y obligaciones para las organizaciones de personas consumidoras y usuarias que es conveniente tener en cuenta a la hora de establecer que organizaciones de personas consumidoras son más representativas y su participación en el Consejo Asesor Regional de Consumo.