Con la aprobación del nuevo Decreto se persigue dotar de seguridad jurídica a las vías de reclamación que tienen a su alcance las personas consumidoras, de regular los aspectos formales de la información que deben proporcionar los empresarios a los consumidores previamente a la interposición de una reclamación, queja o denuncia, así como se hace necesario regular los aspectos procedimentales mínimos por los que se debe regir el empresario para la canalización, tramitación y solución de las reclamaciones.