Con esta norma se pretende contribuir a mejorar la calidad y la equidad de la educación, orientar, por un lado, las políticas educativas de la Administración regional y, por otro, las decisiones organizativas y pedagógicas de los centros educativos, aumentar la eficacia del sistema educativo y facilitar la información oportuna sobre el grado de cumplimiento de los objetivos planteados.