Este Decreto tiene por objeto garantizar la conservación de los espacios protegidos que conforman el ámbito territorial, en respuesta a la aplicación de las Directivas comunitarias de Hábitats y Aves, a la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, y a los compromisos adquiridos por el Estado español en relación con los convenios internacionales.