El objetivo de esta norma es fijar los precios públicos en el caso de estudios conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, dentro de los límites máximos que establezca la Conferencia General de Política Universitaria, y que estarán relacionados con los costes de prestación del servicio, así como los servicios administrativos, una vez determinados los límites por la Conferencia General de Política Universitaria.