Son objetivos generales y a largo plazo de este Plan los siguientes:

1. Reducir el número de normas del ordenamiento jurídico regional, buscando una coherencia lógica y sistemática entre las leyes y reglamentos que lo componen.
2. Reforzar la seguridad jurídica mediante el desarrollo de un ordenamiento
   autonómico comprensible, accesible y predecible para los distintos segmentos de la sociedad civil.
3. Garantizar la calidad regulatoria del ordenamiento jurídico regional para que resulte efectivo como instrumento válido de ordenación social.
4. Avanzar hacia un proceso de toma de decisiones normativas más transparente y abierto a la sociedad civil, a través de su participación por distintos cauces y en diversos momentos del ciclo normativo.

Por su parte, son objetivos específicos del mismo los siguientes:

1. Elaborar una base de datos de normativa regional consolidada.
2. Estudiar el ordenamiento jurídico regional para someterlo a un proceso de depuración.
3. Planificar la actividad normativa.
4. Mejorar la técnica normativa en el procedimiento de elaboración de las normas.
5. Fomentar las evaluaciones de impacto normativo.
6. Estructurar y potenciar la participación de la sociedad civil en diversos momentos clave del ciclo normativo.
7. Utilizar los procedimientos de elaboración y modificación de disposiciones
   normativas para eliminar trabas, reducir cargas administrativas y simplificar los procedimientos administrativos.
8. Asesorar sobre la estructura administrativa necesaria para garantizar la calidad regulatoria.
9. Facilitar el conocimiento del ordenamiento jurídico autonómico, así como su accesibilidad y transparencia.
10. Fomentar que las normas jurídicas sean medios de contribución al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030.