Esta iniciativa normativa pretende establecer el marco general en relación a las compensaciones económicas que deben percibir las personas colaboradoras que actúan como asesores y/o evaluadores en los procedimientos de acreditación de las competencias profesionales. Así mimo esta Orden pretende determinar la cuantía por las funciones que los colaboradores habilitados como asesores y evaluadores desarrollan en los procedimientos de evaluación y acreditación. Por tanto esta norma permitirá incorporar agilidad en los procedimientos de acreditación de competencias profesionales, simplificando documentación y trámites innecesarios, sin perjuicio de un riguroso control de legalidad del correspondiente gasto.