La norma tendría un triple objetivo:

En concreto, entre las modificaciones esenciales que se introducen en este proyecto modificativo cabe destacar la supresión de la exigencia de establecer turnos rotatorios, previstos en ambos Decretos, y que afectaban al régimen de vinculaciones de los depósitos de medicamentos y productos sanitarios con oficina de farmacia, tanto para los centros sanitarios de atención primaria como para los centros sociosanitarios de titularidad privada, dado que la Ley 3/1997, de 28 de mayo, preveía la posibilidad de fijación de rotaciones pero no lo establecía con carácter imperativo.

Como se ha indicado, la eliminación de esta exigencia da respuesta a una petición formulada por parte del sector afectado, en especial de ámbito sociosanitario, a la vez que está en consonancia con el principio de proporcionalidad en el ejercicio de las actuaciones que desarrollen las Administraciones Públicas y también con las previsiones generales de reducir al máximo los límites a la libre competencia, eso sí, garantizando siempre la adecuada atención farmacéutica y el respeto a los criterios legales fijados por la legislación básica y autonómica aplicable.

Otra de las novedades introducidas en ambos reglamentos es la supresión del procedimiento de renovación de la autorización de funcionamiento, entendido como procedimiento sustantivo que requiere formulación de solicitud a Instancia de parte, así como tramitación y resolución expresa, siendo sustituido por un mecanismo de renovación automática o tácita, previa comunicación del interesado notificando la continuidad de la actividad y la conformidad y cumplimiento de los requisitos exigibles. Todo ello, de acuerdo con los principios de simplificación administrativa y reducción de trámites, consagrados en los textos legales antes mencionados.

Finalmente, también se ha llevado acabo, de forma paralela y congruente, una actualización y revisión de los aspectos procedimentales del articulado de ambos Decretos para procurar su adecuación a los criterios generales relativos al procedimiento común, fijados en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, procurando fijar con carácter mínimo aquellos aspectos sustantivos y específicos de estos procedimientos, pero eludiendo la regulación de los trámites y mecanismos de actuación, propiamente procedimentales, por aplicación directa del Procedimiento Administrativo Común, regulado en la referida Ley 39/2015, que 1 de octubre.